lunes, 30 de enero de 2017

LA MILICADA DEL PRO
Sin duda son los funcionarios que ayudaron a la dictadura genocida, ellos o sus padres, y no fueron juzgados.

El antecedente para desentrañar la verdad lo dio Rodolfo Walsh en 1977
La existencia de constancias sobre crímenes de lesa humanidad deja la duda fuera de contexto: se cometieron. La sumatoria de declaraciones, actas, memorandos secretos encontrados y declaraciones de testigos de cargo, dejan bien en claro la existencia de un plan perfectamente orquestado para proceder a la destrucción del campo popular, anular la oposición peronista y desaparecer no sólo personas como les enseñaron los argelinos de la OAS, sino y especialmente desde recién nacidos a niños de no más de 3 años (con las excepciones de rigor).
Que un sospechado de corrupción económica en un puesto tan sensible como la Aduana, diga que no existió tal plan y que los desaparecidos no fueron más que 8.000 y no 30.000 no debería de movernos un pelo. Lo dice un cómplice de quienes así procedieron y, además, por decir lo que dijo a favor de aquella época aciaga y negra y alabar a la dictadura genocida, debería estar ya mismo preso por apología del delito.
El antecedente que nos parece inatacable en tanto desaparición de personas durante esa infamia que sufrimos todos los argentinos -no sólo los que estaban a favor- es el dato cierto, contundente, preciso que da Rodolfo Walsh en la Carta a la Junta y que fue su sentencia de muerte ejecutada por los esbirros de los asesinos entorchados.
En ella, Walsh denuncia ya la desaparición de o15.000 compañeros. Entendamos esto: Walsh publica y entrega su carta el 24 de marzo de 1977, el mismo día en el que La Rural, Clarín y La Nación pedían más represión en sendas solicitadas alusivas a la "magna" fecha.
Si en 1977 habían desaparecido 15.000 personas ¿Cuántas más durante la infamia que duró ese genocidio programado por el Consenso de Washington?
Supongamos que Walsh, en la calentura del escritor comprometido, hubiera exagerado el número y éste fuera la mitad. Durante los seis años siguientes habrían sido 45.000 los desaparecidos. ¿Que los sin patria bajaron el ritmo hacia 1982? Es posible. ¿Y que lo bajaron más hacia la entrega en 1983? También es posible. Entonces, sin mucho dar vueltas llegamos a los 30.000 desaparecidos que desde el vamos se denuncian.
Gómez Centurión integra una familia de gorilas manifiestos. Y si bien sus dichos no deberían tener ninguna trascendencia, al expresarlos en un medio de comunicación masiva adquieren la característica de apología del delito al justificar, negar y apoyar el genocidio de la dictadura ECM76. Por tanto, ya debería de estar bajo custodia policial a pedido del juez penal de turno a instancias del fiscal actuante.
Claro, para actuar así un fiscal debería de tener huevos y se nota, a las claras, que a la mayoría de los fiscales les falta ese aditamento accional.

Roberto Dolard

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