LA REPÚBLICA

Es aburrida la República en democracia, pero peor fueron los centros clandestinos de detención...

Roberto Otero

Ya bastantes sentencias fuera de la garantía que otorga un estado de derecho hemos sufrido los argentinos como para, ahora, someter el criterio de jueces y magistrados a "lo que quiere la gente". Un juez -si realmente lo es en cambio de resultar un empleado encubierto de grupos económicos que lo mantienen-, cualquier juez en este sentido, no debe someterse a la opinión pública que sólo es, mientras las cosas se mantengan así, la opinión manipulada por el grupo oligopólico de medios de prensa (y extensiones empresariales inimaginables que llegan a Panamá, por ejemplo).

Un juez no es un arquitecto que sigue, éste último, los deseos de sus clientes para realizar el diseño de una casa a gusto del consumidor y dentro de los parámetros técnicos -y tal vez de buen gusto- que los inversores (los que pagan) decidan. La única libertad que tiene un juez de cualquier instancia es aplicar su criterio para resolver un tema bajo su dirección. Aún por el contrario de lo que la ley de rito establece o indica. Aquí es donde prima ese criterio, pero que no tiene nada que ver con lo que la gente quiera.

Si así fuera, si los jueces debieran de someterse a la voluntad de la gente ante casos dados -principalmente en cuestiones penales que son las que más explota ese oligopolio de medios de prensa y que más incita el morbo infame de miles de espectadores-, lo que harían, entonces, sería justificar legalmente un linchamiento popular encubierto.

Todos tenemos los mismos derechos ante la Ley, por manda constitucional vigente. Y todos tenemos derecho a que se nos declare inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Porque tampoco podemos caer -por la vía del simplismo de hacer lo que quiere la gente- en decidir encarcelamientos por portación de cara, de apellido o porque piensa feo (como fue el latiguillo de los militares asesinos del '76 para ir contra cualquier ciudadano y, posiblemente, desaparecerlo...).

Menos dejarse llevar -esos jueces no-peculadistas- por la típica falacia de autoridad como ser "Si fulano es un señor de alta alcurnia, económicamente poderoso, empresario y bien relacionado... no puede ser que lo hayan sorprendido abusando de un menor en un callejón del barrio de Almagro...", por decir. Hay cuestiones en la biología y en la vida en sociedad que son iguales para todos, ricos, pobres, altos, bajos, honestos, corruptos, delincuentes, santos... Todos debemos respirar, comer, defecar, orinar, y por supuesto ser iguales ante la Constitución y las leyes. Gozar de los mismos derechos, someternos a las mismas obligaciones. Luego vendrán las precisiones de criterio en las que un rico debería pagar más impuestos que quien no tiene nada y cosas por el estilo. Pero en la base, todos, absolutamente todos, somos iguales ante la Constitución y las leyes.

Por lo tanto, en esa igualdad ante la ley es donde deben fundarse, apoyarse, pararse y decidir los jueces de todas las instancias, incluyendo a los integrantes de la Corte Suprema.

Vivir en una República bajo un sistema democrático es difícil para los apurados, los corruptos, los autoritarios, los nostálgicos y tantos otros que integran ese magma que se queja porque "entran por una puerta y salen por la otra". Porque en la aplicación de esas garantías a cualquier ciudadano se conserva y germina la semilla de la libertad republicana.

Los arquetipos de la derecha vernácula -los villeros son todos delincuentes, por ejemplo- pueden aplastarse con la contundencia de la realidad cotidiana si se ejerce, a pleno y sin resquemores ni quitas ni "peros", la Constitución y las leyes de la República. Nadie es más ni alguno es menos en la República. Tendrán, cada cual, responsabilidades diferentes, más o menos pesadas, graves, importantes para el Estado y su pueblo, pero no por esto será más o menos que quien recoge la basura de las casas y departamentos a media noche colgado de un manillar y balanceándose sobre un pescante.

Esa otra gente que añora leer clasificados como los que hacía publicar el genocida de Roca después de la matanza de los pueblos originarios que arrasó, en los que se ofrecían "familias para servicios" desde "la india, el indio y el indiecito". Que son los mismos -por herencia consanguínea y afinidad- que calientan sus traseros en las bancas de la sociedad rural y, algunos de estos mismos, las calientan, también, en las bancas del Congreso.

Si nos asumimos republicanos, democráticos, libres y soberanos, no debemos caer en la tentación de seguir la marea del imbecilismo empujado y pretender que haya menos garantías para quienes presuntamente cometieron algún delito. Sería, en todo caso, sumar leños al fuego que cuece ese magma de heces y odios con los que se alimentan las alimañas del pasado. De ese pasado que no debe volver y que no volverá.

Roberto Otero