Las relaciones de poder se consolidan en medio de un ambiente fuera de control.
De manera paralela a los efectos del
Covid-19, una de las consecuencias del confinamiento obligado es el incremento
de actos de violencia contra niños, niñas y mujeres. Sin embargo, las
agresiones perpetradas desde el machismo y la misoginia constituyen una
conducta normalizada a partir de una educación con sesgo sexista y un sistema
que ampara a los agresores por una visión deformada de la justicia; por lo
tanto –aunque esta pandemia ha empeorado la situación- esas conductas han
existido desde siempre. Los ejemplos abundan, pero ni así logran llegar a la
conciencia de la sociedad, dado que esta todavía considera la violencia
machista como “un asunto privado” y da vuelta la cara para no saber.
En esta lucha sin cuartel, emprendida
por quienes comprenden a cabalidad cuál es el alcance de los estereotipos
insertos en la conciencia colectiva, las iniciativas por un cambio de
paradigmas se estrellan contra la indiferencia de una sociedad convencida de
que el reparto del poder es un tema cerrado. De modo instintivo adjudican la
autoridad en quienes han concentrado el control sobre diferentes aspectos de la
vida económica, política y social, sin pararse a pensar en la desigualdad
implícita en ese sistema que margina los derechos de más de la mitad de la
ciudadanía.
Los esfuerzos por transformar las bases
sobre las cuales se erige todo un estilo de vida, no suelen ser bienvenidos
cuando amenazan con echar abajo todo un conjunto de estereotipos, normas y
formas de relación entre sexos. Tampoco es fácil alcanzar logros sobre la
necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, en cuyos ámbitos se suele
sellar el destino de las víctimas de violaciones, agresiones y asesinatos,
dándose por hecho la existencia de una causal que exime al victimario y también
una culpa que justifica la agresión contra la víctima. Los niveles de impunidad
en crímenes de feminicidio, por lo tanto, reafirman la indefensión de las
mujeres al no ser castigados.
Para comenzar a transformar las
relaciones humanas, primero es preciso derribar un sólido entarimado de valores
y normas definidas desde una masculinidad mal entendida, la cual privilegia el
poder por sobre la equidad. Impreso en códigos y doctrinas religiosas desde
siempre y en todo el mundo, se impuso una jerarquía ilegítima, cuyo principal
propósito ha sido mantener la jurisdicción sobre la condición femenina de
reproductora de la especie y, para ello, restarle toda posibilidad de
independencia y ejercicio de su plena libertad. Así, incluso en las sociedades
más desarrolladas del planeta, para eliminar restricciones sobre el derecho de
la mujer sobre asuntos relacionados con su cuerpo y con su vida, los resultados
de esas batallas tienen apenas medio siglo.
La situación de vulnerabilidad de niños,
niñas y mujeres en el contexto de la actual pandemia, por lo tanto, reside en
las limitaciones impuestas por los códigos establecidos para la conformación de
la familia y su repartición de poderes. Millones de mujeres, privadas del
derecho de gozar de iguales derechos que su pareja tanto en el aspecto
económico como por los sesgos legales del contrato matrimonial o de
convivencia, están sujetas a tolerar una relación de violencia que en muchos
casos acaba con la muerte.
En este escenario de pandemia sobre
pandemia, el papel de las instituciones –incluida la prensa- debe ser asumir la
responsabilidad de velar por la seguridad de niños, niñas y mujeres, aboliendo
de paso los paradigmas del injusto y mal concebido sistema patriarcal.
