Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.
Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas
cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen
una de las más graves patologias sociales y la segunda causa de muerte en ese
grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la
pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos
valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este
sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente
de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales
causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la
preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y,
consecuentemente, la total indefensión de la niñez.
La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando
muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas
marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y
agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las
calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto
de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la
población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los
embarazos en una etapa precoz del desarrollo.
Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este
importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por
falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de
un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en
un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos,
partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni
psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación
familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de
autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de
amenazas contra su normal desarrollo de vida.
A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de
este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de
mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias
devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar
las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se
hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros
legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y
reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos
ellos resultado de violaciones.
Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los
hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de
golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la
mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores
y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo
amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde
están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los
sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las
cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus
cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la
sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.
Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.
www.carolinavasquezaraya.com
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